Privatizados

Últimamente se habla mucho sobre la privatización de determinados servicios ofrecidos, hasta ahora, por la administración pública.

Es entonces cuando se crea el debate en cualquier cafetería, en los centros de trabajo, en la parada de metro o en los bancos de las plazas de medio país.

Los que están a favor de que empresas privadas gestionen determinados servicios públicos argumentan que es absolutamente necesario llevarlo a cabo, puesto que para la Administración no es rentable y hay que externalizar dichos servicios.

Los defensores de lo público consideran que el ciudadano no tiene por qué pagar por algo que hasta ahora les ha sido 'gratuito' y que, además, ha sido logrado gracias a una lucha constante durante generaciones.

No hay que ser Doctor en Ciencias Económicas ni tener una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas para saber que el Estado recibe ingresos de diversas fuentes, pero principalmente de los impuestos que pagamos todos y todas. Impuestos que salen directamente de nuestros bolsillos y de las arcas de todas y cada una de las empresas que existen en nuestro país. Que me hablen de copago es llamarme tonto en toda la cara. En todo caso, llamémoslo 'repago', ya que cuando una comunidad autónoma, ministerio o ayuntamiento costea íntegramente un servicio y lo llama 'público', lo hace con el dinero proveniente de nuestros impuestos y, por tanto, ya estamos pagando en primera instancia. Abonar una tasa extra al comprar fármacos (el famoso euro por receta) o pagar matrículas abusivas en ciclos formativos y en la universidad es pagar doblemente y, por tanto, repago.

Y ahora yo me pregunto: ¿Es necesario que sea rentable económicamente la educación? ¿Se considera indispensable obtener beneficios económicos de la sanidad para que sea viable? ¿Es mejor la educación privada o un médico 'de pago' que lo público?

Son cuestiones con las que probablemente la gran mayoría podamos coincidir al responderlas. Desde mi punto de vista, la educación es una inversión a largo plazo que no podemos despilfarrar formando a profesionales para que luego tengan que emigrar y que otros países aprovechen sus conocimientos (formar a cada médico supone más de 60.000 €). Por otro lado, a la sanidad debe poder tener acceso cualquier ciudadano, sólo con mostrar la tarjeta sanitaria y no la tarjeta de crédito.

La base de la igualdad reside en que todas las personas tengan básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseer los mismos derechos. Cuando se privatiza, el concepto de igualdad se distorsiona y cuando eso ocurre, retrocedemos a otra época.

La igualdad es un componente de la democracia y ésta, a su vez, debe servir para atenuar o eliminar las desigualdades e injusticias sociales que existirían en una economía libre y capitalista repleta de privatizaciones.